El Gobierno pausa la idea de nombrar por decreto a los jueces de la Corte y pone la mira en el Senado

Atres días de la jubilación de Juan Carlos Maqueda de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni negó que el Gobierno trabaje en la elaboración de un decreto para nombrar a en el máximo tribunal a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y aseguró que sólo ocurrirá “si el Presidente cree que es imperioso para que la Justicia siga funcionando”.

“Habían dicho que antes del 28 de diciembre se iban a decretar los nombramientos… Si eso ocurre es porque el Presidente considera que debe ocurrir, porque la Justicia se empantanó en el proceso judicial. No hay mucho más para decir”, indicó. De esta forma, se distanció de las especulaciones acerca de que el presidente Javier Milei firmaría un decreto para nombrar a los jueces.

En simultáneo, fuentes del Gobierno que trabajan en la designación de los nuevos jueces, dijeron a LA NACION“Vamos a intentarlo por el Senado por ahora. Pero esto es dinámico, será hasta donde pueda funcionar así”.

Un alto funcionario, que conversó bajo la condición del anonimato, aseguró que “los pliegos llevan mucho tiempo en el Congreso y hay que insistir, pero el Senado no rechazó los pliegos ni los pasó a votación”.

Este funcionario no pudo precisar si el diálogo con la oposición en el Senado se iba a dar en el receso de enero o cuando se reanude la actividad parlamentaria: “Veremos. Ahora debemos ver cómo prosigue el proceso. Es muy dinámico todo”, insistió.

El Gobierno envió al Senado los pliegos del juez Lijo y del académico García-Mansilla el 15 de agosto pasado. Para que accedan a la Corte necesita que nueve senadores de la Comisión de Acuerdos firmen los dictámenes con sus nombres, lo que habilita su tratamiento en el recinto, donde deben ser votados por los dos tercios de los senadores. Para acceder a los dos tercios es necesario el apoyo del kirchnerismo, que reúne a 33 miembros en la Cámara alta.

Por ahora, el dictamen de Lijo tiene las nueve firmas necesarias, y el de García-Mansilla, cinco. El primero está en condiciones de ser elevado al Senado, pero no están garantizados aún sus votos para llegar a los dos tercios. El de García-Mansilla ni siquiera superó la Comisión de Acuerdos.

En su conferencia de prensa habitual, el portavoz presidencial Adormí detalló esta mañana: “Todas las posibilidades están abiertas. Pero el decreto sólo ocurrirá en condiciones en donde la Justicia se empantane, cuando se necesiten los jueces por una cuestión coyuntural y el Senado no haya resuelto”.

La Corte Suprema de Justicia se quedará el 29 de diciembre con tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Maqueda, que cumple 75 años a fin de mes, dejará el Palacio de Tribunales este viernes, en su último día hábil. La Corte, para dictar sentencias, debe tener una mayoría de tres votos, pues el tribunal está integrado originalmente por cinco magistrados. Al quedar tres jueces, solo podrán ser firmadas las sentencias donde haya unanimidad.

En caso de desacuerdos, por ejemplo de uno de los magistrados, los jueces deberán llamar a conjueces, que son los presidentes de las Cámaras Federales, convocados por sorteo para cada caso. La Corte elaboró un reglamento de conjueces la semana pasada para agilizar esta designación y asegurarse de que en casos similares voten los mismos conjueces, de modo de no alterar la jurisprudencia.

El reglamento provocó la semana pasada una sonora disidencia del juez Lorenzetti, enfrentado con sus colegas, que dijo que se trata de un condicionamiento para Lijo y García-Mansilla. Acusó a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz de actuar de manera “ilegal”, amenazó con presentar denuncias y sostuvo que “solo la ambición desmedida y la mediocridad”, explican lo que está sucediendo en el máximo tribunal. Fue una escalada inédita en el enfrentamiento interno del máximo tribunal..

Rosatti, en una entrevista en LN+, advirtió que cualquier decisión que se tome terminará en la Corte. “La Corte tiene que funcionar, con tres, con cuatro o con cinco integrantes”, afirmó y entendió que cualquier diferendo, incluso en torno a una eventual designación de Lijo y García-Mansilla por decreto, “lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos”. En las redes sociales, Cristina Kirchner lo interpretó como una “amenaza” de Rosatti al Gobierno.

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